Tras la muerte del Comandante Chávez en marzo de 2013, y especialmente tras el decreto del 9 de marzo de 2015, el presidente de USA, Barack Obama, calificó a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” de su país. Esta declaración fue precedida por otras 148 declaraciones o comunicados del gobierno usamericano contra el gobierno de Venezuela, desde principios de febrero rompiendo todos los récords de injerencia usamericana contra Venezuela para el año 2014, en menos de 40 días en los que consideró a Venezuela un peligro inminente para USA, se desató una guerra multifacética, una política de máxima presión contra Venezuela y contra el presidente Maduro (1).
Ningún gobierno de izquierda en América Latina se ha librado de las acciones de desestabilización alentadas por potencias extranjeras en colaboración con las élites locales. Sin embargo, las diferencias en la intensidad de esta hostilidad deben ser tenidas en cuenta por la izquierda a la hora de evaluar las condiciones objetivas y formular su estrategia. Los gobiernos de Chávez y Maduro, casi desde el principio, han estado sometidos a las presiones de cambios de régimen legales, semilegales e ilegales urdidos por las potencias imperiales y las élites locales, incluso más que en el caso de otros gobiernos progresistas (o de la “marea rosa”) en la América Latina del siglo XXI.
Varios factores demuestran que Washington se comportó de forma diferente con Venezuela, y que sus acciones dirigidas a erosionar la estabilidad fueron especialmente intensas y persistentes en comparación con las que afrontaron los gobiernos progresistas y de izquierdas. Más que ningún otro jefe de Estado de la Marea Rosa, Chávez era un líder carismático reconocido en todo el mundo. Washington lo consideró especialmente agresivo porque, desde el principio, desafió a un mundo unipolar, eufemismo de la hegemonía y el imperialismo usamericanos, y al mismo tiempo emprendió una política exterior activista dirigida a fortalecer la cooperación Sur-Sur y la creación de entidades regionales sin el apoyo ni la participación de USA y sus asociados.
El alcance de la desestabilización de Venezuela, aunque comenzó antes de 2015, se acentuó tras el famoso decreto de Obama considerando a Venezuela como una amenaza inusual para USA. Los tipos de acción son variados, por no decir multiformes, por ejemplo, acciones para desestabilizar y cambiar el régimen actual. La repetición de perturbaciones encaminadas en gran medida a lograr un cambio de régimen no tuvo equivalente en los demás países de la marea rosa. Las movilizaciones de esta naturaleza incluyeron : el intento de golpe de Estado de abril de 2002; la huelga general de dos meses (que fue en realidad un cierre patronal) de 2002-2003; la táctica “foquista” de violencia callejera en 2003 por parte de quienes afirmaban que Chávez asumiría pronto el poder dictatorial; el incidente del rancho Daktari en 2004, cuando la detención de 153 colombianos frustró una acción militar inminente para derrocar al gobierno (2); la violencia callejera a principios de 2007 para protestar por el cierre de un canal de televisión de la oposición que había apoyado el golpe de 2002; la violencia aleatoria en abril de 2013 tras las elecciones presidenciales, desencadenada por una incendiaria declaración del candidato derrotado, Henrique Capriles, en la que alegaba fraude y que se saldó con la muerte de diez chavistas ; la paralización durante cuatro meses de zonas urbanas estratégicas en 2014 (conocida como la “guarimba”) con el objetivo declarado de lograr un cambio de régimen, que se saldó con la muerte de ocho guardias nacionales y policías (además de varias decenas de civiles); el reconocimiento de Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela en una plaza pública de Caracas, el 23 de enero de 2019, por el presidente Emmanuel Macron a las 10:51 horas del 4 de febrero de 2019 (3) y varios gobiernos de la Unión Europea por instrucciones del presidente estadunidense Donald Trump. Este récord de insurrección y violencia continuas no tuvo equivalente en los demás países de la Marea Rosa (4).
Por otra parte, la negativa permanente de USA a reconocer la legitimidad de las elecciones ha llevado a la creación de una oficina orientada al cambio de régimen, dirigida por USA. Se han creado programas de promoción de la democracia, invirtiendo en ONG venezolanas financiadas por la National Endowment for Democracy (NED) y la USAID.
Volviendo al tema principal del coloquio: ¿Qué futuro para Venezuela?, presentaré algunos escenarios posibles:
- Las consecuencias políticas y sociales de la aplicación de sanciones ;
- El descontento social y la política defensiva del presidente Maduro.
La dimensión política de la estrategia defensiva de Maduro se basaba en el principio de que el cambio de régimen no era el único objetivo de Washington. El gobierno usamericano utilizó las sanciones como “palanca” (un término cada vez más utilizado en Washington) para obtener concesiones a favor de los intereses comerciales usamericanos. También insistió en que se dieran muchas oportunidades políticas a los líderes de la oposición venezolana (especialmente a sus sustitutos). De hecho, la política pro-empresarial de Maduro era una condición sine qua non para llegar a acuerdos y mantener relaciones cordiales con los moderados de la oposición venezolana. En resumen, la estrategia defensiva de Maduro estaba dirigida a una variedad de actores, entre ellos Washington, la oposición moderada y los intereses empresariales nacionales y mundiales. Véase el artículo de Steve Ellner citado anteriormente.
- Sanciones. Si se reduce intencionadamente la capacidad de un país de obtener divisas mediante las exportaciones, ello afectará, casi por definición, a las importaciones, sobre todo de alimentos y medicamentos. Sin embargo, esto no significa que las sanciones no sean dolorosas, sobre todo para los ciudadanos de a pie, o que el autor de la sanción sea irresponsable por haber creado la crisis resultante (5).
En 2019, USA asestó un duro golpe al Gobierno de Nicolás Maduro al adoptar un paquete de sanciones contra la petrolera nacional Petróleos de Venezuela (PDVSA). Las medidas, destinadas a estrangular la economía venezolana, incluyen la congelación de los fondos de la empresa en USA, que ascienden a unos 7.000 millones de dólares (6.100 millones de euros). Además, provocarán pérdidas en las exportaciones de 11.000 millones de dólares hasta 2020, según la Administración de Donald Trump, que será el mayor comprador de crudo de Venezuela en esa fecha. A ello se suma el control que el Gobierno usamericano ejerce sobre CITGO, la filial de PDVSA en USA (6).
En una rueda de prensa el 29 de enero de 2019, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que CITGO podría seguir operando, siempre y cuando sus ganancias sean depositadas en una cuenta de depósito en garantía en USA. “Seguiremos utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar a Juan Guaidó” (7).
Además de sancionar a terceros países que intentan comerciar con el Estado venezolano e imponer por la fuerza a un títere yanqui en la presidencia venezolana, la imposición de sanciones ha provocado un deterioro radical de las condiciones de vida de los venezolanos. Más arrogancia y claridad por parte de USA para intervenir y estrangular la economía de un país soberano es una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.
Las sanciones consisten en causar dolor y cambiar una política: por ejemplo, negar a ciertos países de la UE el derecho a la educación, el derecho a la energía, el derecho a la salud, el derecho a vivir bien… Sin el derecho a la vida no es posible disfrutar de otros derechos, incluidos los sociales y políticos…
- Aunque las sanciones aún no han provocado un cambio de régimen en Venezuela, sí han conseguido empeorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Una reciente encuesta (8) realizada en Venezuela muestra que la principal preocupación de la población son las cuestiones sociales. El 43% de los encuestados identificó la economía (inflación, bajos salarios y desempleo) como el mayor problema que requiere una solución urgente. El 24% dijo que era la atención médica y hospitalaria. El 5% dijo que los problemas políticos.
Venezuela atraviesa una guerra multifacética, y las sanciones han jugado un papel decisivo, sin desconocer otras acciones, como las guarimbas de 2014, luego con la imposición de sanciones, y finalmente con los acontecimientos de 2019 y 2020, incluyendo el fenómeno Guaidó (magistralmente definido por Maurice Lemoine como la historia de desestabilización resultante de un conflicto híbrido convencional y no convencional), la invasión paramilitar desde Colombia, y los ataques con drones a Maduro y Cilia Flores, porque ante la agresividad de un enemigo con inmensos recursos, es necesario reconocer de antemano que las políticas públicas emanadas del gobierno de Maduro han sido verdaderamente difíciles y complejas. No era nada fácil determinar cuáles acciones eran viables en cada momento.
El gran reto del presidente Maduro es conciliar una política defensiva a favor de la empresa privada y la apertura económica con una política orientada al bienestar del pueblo venezolano, el gran reto del pueblo y las autoridades venezolanas es garantizar un proceso electoral transparente en el marco de la constitución para las elecciones presidenciales del 28 de julio, aún frente a los ataques externos y los intentos de desestabilización interna, ahí está el futuro de la revolución bolivariana.
Notas finales, aunque provisionales
En los últimos años, el modelo neoliberal ha sido criticado con creciente vigor y éxito. En América Latina, los ataques han venido de todas partes, pero los hombres y mujeres que trabajan en proyectos alternativos para crear sociedades más justas, independientes y soberanas atraviesan, las más de las veces, procesos contradictorios y excluyentes, sometidos a los vaivenes y presiones de poderes que escapan a su control. La revolución bolivariana ha sufrido y sigue sufriendo los avatares de las luchas sociales, políticas y económicas, así como las presiones de las grandes potencias. Pareciera que hoy se ha hecho lo que se podía hacer, pero peor aún, los actores sociales históricos, aliados de la revolución bolivariana, están tomando una distancia crítica, y ahí radica el profundo desafío que enfrentan los actuales dirigentes.
Venezuela se ha visto gravemente afectada por el papel desempeñado por USA en la imposición de sanciones y por la extraterritorialidad de las mismas: éstas constituyen claramente una violación del derecho internacional y es necesario abordar otros elementos de las sanciones. Uno sería el embargo y el otro el bloqueo. Sería pertinente estudiar los resultados y la eficacia de las sanciones resultantes del efecto unilateral de la extraterritorialidad, y otro punto a destacar sería la violación de los derechos humanos resultante del impacto de las sanciones unilaterales. Un ejemplo concreto es la forma en que las sanciones estadounidenses violan el derecho al desarrollo, que forma parte de los derechos humanos. El plan de acción de 25 de junio de 1993 considera el derecho al desarrollo como un derecho humano fundamental, universal, social e inalienable.
Las sanciones son un acto de guerra, porque causan sufrimiento a los ciudadanos de un país al violar sus derechos fundamentales, como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y el derecho a unos servicios públicos dignos, entre otros. En el caso de Venezuela, el principio de no intervención y el derecho a la autodeterminación han sido y siguen siendo violados por las intervenciones usamericanas.
Ningún Estado tiene derecho, en virtud del Derecho internacional y del artículo 32 de la Carta de Derechos Económicos y Sociales de los Estados, a aplicar políticas o emprender cualquier otra acción encaminada a imponer a un tercer Estado u obligarle a renunciar a su soberanía.
La aplicación de sanciones es el resultado de una situación de desigualdad derivada del equilibrio de poder mundial. Sin embargo, la aplicación de sanciones es una facultad del sistema de las Naciones Unidas derivada de su Carta. Esta no es la realidad actual y, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, es un hecho que ha llevado al sistema de las Naciones Unidas a ser ineficaz e ineficiente y ha puesto en tela de juicio el derecho internacional público.
Las sanciones tienen por objeto castigar a un Estado extranjero por razones políticas, económicas o sociales. Sin embargo, también afectan a personas o instituciones que no tienen ningún vínculo directo con el Estado que ha elaborado estas normas. Es el caso de la Ley Helms-Burton de 1966 y de las leyes que recientemente sancionaron a Venezuela, tras el decreto Obama de 2015. Estas leyes se aplican tanto a los ciudadanos usamericanos como a cualquier otra entidad o institución que haga negocios con USA. Implican penas y sanciones excesivas para las empresas. Por supuesto, estas sanciones afectan a todo tipo de transacciones en dólares y también dificultan las oportunidades reales de comercio entre países y empresas que no tienen ninguna relación con el país y el gobierno que emite las sanciones.
En última instancia, son las denominadas acciones secundarias las que realmente ponen en entredicho la independencia diplomática y económica de terceros países y, por supuesto, su soberanía. Estas sanciones se aplican a todos los actores no usamericanos que operan fuera del territorio de USA si incumplen las sanciones y las normas de boicot impuestas por USA contra un país, y afectan, por ejemplo, a los grandes grupos económicos, las pequeñas y medianas industrias, las instituciones financieras, así como a los centros educativos y sanitarios.
Las sanciones incluyen la congelación de activos, fuertes sanciones financieras y el impedimento del comercio internacional, así como el abandono de posibles mercados, so pena de multas colosales. En cualquier caso, son las sanciones secundarias las que ponen en tela de juicio la economía y las condiciones materiales de vida de la población del gobierno sancionado (9).
Notas
(1) Fuente: Journal de Notre Amérique nº 4, mayo de 2015.
(2) La Operación Daktari, también conocida como “Paracachitos”, fue un complot para derrocar al presidente venezolano Hugo Chávez. Según Chávez y sus partidarios, la captura de unas 153 personas de origen colombiano en la madrugada del 9 de mayo de 2004 en la hacienda Daktari, propiedad del cubano Robert Alonso, y otros hechos demuestran la existencia de una supuesta trama golpista. Hernández, Clodovaldo (13 de mayo de 2004). “Chávez denuncia una conspiración internacional contra Venezuela”, El País.
(3) https://elpais.com/internacional/2019/01/31/actualidad/1548964137_349657.html
Trump ha pedido a España y a la UE que rompan todo diálogo con Maduro. Estados Unidos comunicó al Gobierno que Guaidó se disponía a proclamarse presidente interino y que Washington lo reconocería.
(4) Ellner, Steve: https://venezuelanalysis.com/analysis/objective-conditions-in-venezuela-maduros-defensive-strategy-and-contradictions-among-the-people/.
(6) Daré algunos ejemplos de los ingresos en divisas del sector público venezolano, calculados en millones de dólares. Por ejemplo, en 2005 rondaban los 40 mil millones; en 2008 se acercaban a los 70 mil millones; en 2013 rondaban los 55 mil millones. Después del decreto de Obama del 9 de marzo de 2015, los ingresos del Estado comenzaron a caer drásticamente, ya que los ingresos petroleros desde 2016 sólo han rondado los 14 mil millones en ingresos anuales para llegar a la cifra de 900 millones en 2020 y un ligero aumento de los ingresos en los años, 2021 y 2022. En cuanto a las reservas internacionales calculadas en millones de dólares, han caído radicalmente desde 2015, con una leve mejoría hacia 2022 y 2023, pero teniendo en cuenta una población de 28 millones de habitantes. No se trata de una cifra exacta, que sólo será posible establecer cuando se realice el nuevo censo de población. Véase: https://observatorio.gob.ve/sistema-estadistico-antibloqueo/
(7)https://elpais.com/internacional/2019/01/28/estados_unidos/1548710770_322801.html#?rel=mas
(8) Datincorp, Informe de Estudio, www.datincorp.com, 28 feb. 2024.
9) Véase: Elie HATEM https://academiedegeopolitiquedeparis.com/quels-moyens-pour-contrer-les-sanctions-extra-territoriales/ “[…] Estas entidades se ven obligadas por esta legislación a abandonar contratos, interrumpir otros e incurrir en gastos colosales para desarrollar servicios de conformidad con el fin de determinar el grado de conexión con Estados Unidos. De lo contrario, se arriesgan a sanciones financieras o incluso a represalias sobre los activos que poseen o las actividades que desarrollan en Estados Unidos, como fue el caso de las siguientes empresas francesas: Technip, que fue condenada a pagar 338 millones de dólares en sus negociaciones con el Departamento de Justicia (DoJ) y las autoridades bursátiles estadounidenses a raíz de un procedimiento incoado contra ella por corrupción en Nigeria, TOTAL, que fue multada con 300 millones de dólares en 2013 en relación con otro caso en el que fue procesada por soborno en relación con la firma de dos contratos de gas en Irán en 1997, ALSTOM, que fue multada con 772 millones de dólares en 2014 por actos de soborno que fue acusada de cometer en África, y BNP Paribas, que fue multada con 8.900 millones de dólares en 2014 por violar los embargos contra Sudán, Cuba e Irán en nombre de nacionales de esos países, y que también fue multado con 90 millones de dólares en 2018 por participar en una conspiración entre los principales bancos mundiales para distorsionar los precios en el mercado de divisas, Credit 787,multado con 3 millones de euros por realizar transacciones en dólares entre 2003 y 2008 por cuenta de entidades sudanesas, iraníes, cubanas y birmanas sometidas entonces a sanciones unilaterales estadounidenses, Société Générale, multada dos veces en 2018 por actos de corrupción en Libia de los que la justicia estadounidense le acusaba, así como por manipular la tasa Libor, etcétera.. Véase: https://observatorio.gob.ve/sistema-estadistico-antibloqueo/
Michel Mujica Ricardo, Ponencia en el Colloque de l’Académie de Géopolitique de Paris (AGP), 9-4-2024
Original francés
Traducido y editado por Fausto Giudice
En exclusiva a la Voz de América , el ex embajador de EE.UU. en Venezuela y en Colombia, William Brownfield, señaló que, debido a la crisis humanitaria que atraviesa el país bolivariano, «quizá la mejor solución sería acelerar su colapso a través de sanciones a la industria petrolera, que afectarían al pueblo, tendrán un impacto al pueblo entero, al ciudadano comun y a la comunidades en Venezuela… ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento, quizás, la mejor solución sería acelerar el colapso aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás de años …»